El fiscal Ignacio de Lucas, nombrado por Pedro Sánchez para ocupar un puesto relevante en la Fiscalía Europea, tres días antes de las elecciones generales del 2023, está ralentizando la investigación de un proceso que las instancias europeas mantienen abierto para averiguar en si se produjeron irregularidades o ilegalidades con la gestión de fondos de la Unión Europea. Así lo han asegurado a 'Vozpopuli' fuentes jurídicas conocedoras de esa ralentizacion. La fiscalía comunitaria quiere esclarecer si se cometió algún tipo de fraude en la adjudicación de contratos públicos realizados en España por la Fundación para la Internacionalización de las Administraciones Públicas (FIIAAP), dependiente del Ministerio de Asuntos Exteriores, y en cuyo patronato figuran varios miembros del Gobierno de España. Segun sostienen fuentes jurídicas consultadas por ese periódico, se trata de un megacontrato adjudicado por la administración española durante la pandemia para la venta de material tecnológico en el Sahel.

Precisamente esa es una de las cuestiones que tiene por supervisar Ignacio de Lucas, por el uso de fondos europeos que se hizo en el proyecto de la FIAPP, la fundación que le contrataba. Se trata, según fuentes jurídicas, de una entidad con una gestión muy controvertida, que llegó a argumentar un supuesto ciberataque para no presentar sus cuentas completas. El desarrollo de esta investigación, que según denuncian fuentes del sector Ignacio de Lucas está ralentizando, podría dejar al descubierto un presunto mal uso de los Fondos Europeos por parte del Ministerio de Asuntos Exteriores. Los contratos que están bajo la lupa de la fiscalía europea, tienen que ver con la adquisición de material tecnológico para ser usados en un proyecto liderado por la Guardia Civil en el Sahel.

Posible conflicto de intereses

Pese a ese conocimiento previo del caso, por su cercanía con la FIAPP y la influencia que puede tener sobre sus decisiones, Ignacio de Lucas no ha optado por apartarse de la investigación relativa al megacontrato del Gobierno investigado en el Sahel. De hecho, la supervisa y es uno de los principales culpables de que no esté avanzando con la celeridad que requiere una cuestión de estas características, que suposo un desembolso de fondos comunitarios en un país extranjero de 263.000 euros. Desde hace más de un año y medio, cuando accedió al cargo de fiscal europeo, apenas se ha producido ningún avance en la causa mencionada. Una casualidad, como también lo es que se postuló para dirigir este órgano comunitario, con sede en Luxemburgo, tan solo un mes después de que estallase una de las macro causas que acechan al PSOE, que puede suponerle un conflicto de intereses. Pues la investigación pone en el ojo del huracán la gestión de la fundación que le contrataba.

59 millones en proyectos

La FIAPP es una entidad del sistema de Cooperación Española especializada en la promoción de las políticas públicas que mueve cada año 59 millones de euros públicos, tanto del Gobierno de España como de fondos europeos. Según reza en su web, "apoyamos la construcción de sistemas públicos en más de 120 países". La entidad defiende que "lo hacemos promoviendo el talento público y el intercambio de conocimiento entre instituciones homólogas de distintos países". El objetivo de esta fundación pública, señala su presentación, "forma parte de la acción exterior española y europea", apostando "por el valor de lo público para mejorar la vida de las personas y el planeta".

Gran parte de esta cifra de dinero, que sale principalmente de los Presupuestos Generales del Estado, sirve para pagar a los aproximadamente 650 empleados públicos a los que la FIAPP contrata para dar charlas y cursos en distintas partes del mundo. En la actualidad, según destacan en su página web, tienen un total de 121 proyectos en ejecución que conectan a más de 700 administraciones de varios países. Algunos de estos proyectos, en el pasado, son los que según fuentes jurídicas consultados por este periódico llevó a cabo Ignacio de Lucas.

Otros perceptores cercanos al PSOE

Cuando presentó su candidatura para ser jefe de la fiscalía europea, cargo que nombra el Gobierno y que Sánchez resolvió tres días antes de las elecciones que adelantó en 2023 -asegurándose así a una persona cercana en la investigación de todo lo relacionado con los fondos europeos-, De Lucas destacó como principales méritos en su currículum su participación en charlas internacionales financiadas por la FIAPP, fundación de la que entonces era vicepresidenta la número dos del Gobierno, Carmen Calvo, y que contaba en su patronato con los exministros Arancha González Laya y Juan Carlos Campo.

Ignacio de Lucas, considerado afín al PSOE, cuyo hermano es el exsenador por Valencia Francisco Javier de Lucas, es uno de los que aparecen recurrentemente en el listado de "expertos" al que ha tenido acceso 'Vozpópuli'. En él se detallan las suculentas cantidades de dinero que han cobrado de la FIAPP, para impartir de charlas o cursos. Justo cuando Pedro Sánchez se hizo con el poder tras ganar la moción de censura.

En su caso particular, entre los años 2018 y 2020, se habría embolsado 26.000 euros extras a su salario como fiscal. Siendo así el más beneficiado de estos contratos otorgados a dedo a jueces y fiscales afines al PSOE. Fuentes jurídicas destacan en el caso de De Lucas una "gran amistad" con la exministra y exfiscal general, Dolores Delgado, que le permitió un ascenso en la fiscalía antidroga, poco antes de ser elegido por Sánchez para irse a Europa, pese a no ser uno de los que acarreaba más méritos.

Además de Ignacio de Lucas, por los mismos conceptos, siempre bajo el paraguas de la FIAPP, una organización que cuenta entre su patronato con varios miembros del Gobierno del PSOE, han cobrado distintas cantidades la Vicepresidenta del TC, Inmaculada Montalbán; el número dos de Félix Bolaños en el Ministerio de Justicia, Manuel Olmedo; el juez José De la Mata y decenas de fiscales y jueces. Si bien algunos de los nombres que aparecen en los múltiples expedientes que obran en poder de 'Vozpópuli' son muy conocidos y populares, hay otros que sus nombres no son tan mediáticos, pero que "concentran mucho poder en investigaciones actuales que afectan a los socialistas", explican fuentes jurídicas a Vozpópuli.

La mayoría de todos estos contratos son por importe inferior a 15.000 euros. De esta forma que, al no tener la obligación de publicar los pliegos, cualquier entidad pública puede burlar los controles, otorgando el contrato a dedo a quien considere oportuno. El propio Tribunal de Cuentas y la Intervención General de la Administración del Estado, según fuentes jurídicas, hacen años que denuncian la opacidad de algunos de los contratos de la FIAPP. La entidad, según argumentaron a ambos organismos, alegó haber sufrido un supuesto ciberataque para no dar toda su contabilidad.

Silencio oficial

Este periódico se ha puesto en contacto por distintas vías con el fiscal europeo, pero nos ha sido imposible recabar la opinión de Ignacio de Lucas. Siguiendo las indicaciones del servicio de prensa de la Fiscalía Europea, se remitieron tres preguntas para conocer ¿en qué estado se encuentra la investigación sobre los contratos de la Fundación para la Internacionalización de las Administraciones Públicas (FIIAP) en el Sahel, relacionados con el caso Tito Berni?" La Fiscalía Europea está llevando a cabo la investigación desde abril de 2023 en relación con presuntos pagos irregulares y extorsión a empresarios en Canarias (España).

Además de la pregunta anteriormente mencionada, también se ha requerido a Luxemburgo respecto si ¿está el fiscal Ignacio de Lucas supervisando esta investigación, al igual que otros casos que lleva la Fiscalía Europea en España?" Con el fin de esclarecer la actuación del fiscal, 'Vozpópuli' también preguntó sin demasiado éxito, si "¿reveló el Sr. Ignacio de Lucas, al ser nombrado miembro del Colegio Europeo de Fiscales, haber recibido pagos de la FIIAP por valor de 26.000 € entre 2018 y 2020?". A lo que respondieron que "la Fiscalía Europea está al tanto del trabajo previo del Sr. Ignacio de Lucas para la FIIAP."

Respecto al desarrollo de las investigaciones en manos del fiscal español, y que tienen relación con una de las múltiples causas de corrupción que acechan al Gobierno de Pedro Sánchez, quien le designó personalmente para el cargo, tres días antes de las elecciones de julio del 2023, el organismo comunitario ha respondido que "por principio, la Fiscalía Europea no comenta las investigaciones en curso ni confirma públicamente los casos en los que estamos trabajando". En su escrito dicen que "esto se hace para no poner en peligro los posibles procedimientos en curso y sus resultados".

Desde la Fiscalía Europea recuerdan que "nuestra competencia es obligatoria, lo que significa que debemos dar seguimiento a cualquier pista dentro de nuestras competencias" y tratan de defender su imagen afirmando que "les aseguramos que lo hacemos con diligencia". No obstante, rechazan dar ningún tipo de detalle sobre los motivos que están ralentizando la investigación sobre los contratos con el Sahel, advirtiendo que "siempre que podamos hacer alguna declaración sobre nuestras investigaciones, lo haremos de forma proactiva".
 

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